Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Ricardo Pérez Gutiérrez

C.I: 3.372.465

CARGO: Juez Instructor en Primera Instancia

CASO:
Masacre del Amparo

El 29 de octubre de 1988, catorce (14) pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada, El Amparo, estado Apure.


Dos pescadores, Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, lograron escapar de la emboscada criminal y fue gracias a sus testimonios que fue posible refutar la versión oficial que aseguraba que en el marco de la operación militar se había producido un enfrentamiento con un grupo de irregulares colombianos del Ejército de Liberación Nacional. Estos hechos fueron conocidos como la “Masacre de El Amparo”.

Según la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, (sancionada el 15 de noviembre de 2011), se define como “masacre”: “Actos atroces de terrorismo de Estado, caracterizados por un concurso de delitos con pluralidad de víctimas previamente planificado y ejecutado por los organismos de seguridad del Estado, en combinación con otras fuerzas militares o policiales, o por grupos, cuya actuación se produce por complacencia del Estado y que su objetivo es el exterminio de grupos o poblaciones, violando leyes, acuerdos, tratados, pactos y convenciones internacionales de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

En los hechos, destaca la actuación del para entonces mayor asimilado del Ejército, Ricardo Pérez Gutiérrez, quien fue el Juez Instructor en Primera Instancia.

La parcialidad del Juez afectó el resto del proceso en todos los siguientes niveles. “Dio valor a pruebas ilegales presentadas por los victimarios, negó pruebas que demostraban que hubo una masacre, descartó testigos claves, pretendió intimidar a los dos sobrevivientes, retardó la exhumación de los cadáveres para facilitar que se perdiera evidencia; interpretó el resultado de las autopsias, que señalaban claramente que los disparos habían sido recibidos por la espalda y a menos de dos metros, como pruebas de que había ocurrido un enfrentamiento y no una masacre; liberó al único de los victimarios (Huber Bayona, alias `Yaruro´) que confesó haber participado de la masacre; amenazó a los abogados de los familiares de las víctimas; decidió él mismo una recusación en su contra; y ordenó la detención de los dos pescadores sobrevivientes acusándolos de guerrilleros, con lo cual los convirtió de víctimas en victimarios”.

Este Juez mantuvo una permanente coordinación con uno de los autores intelectuales de la masacre, el general Humberto Camejo Arias, quien le daba instrucciones sobre cómo obstaculizar la actuación de los abogados que acusaron a los funcionarios militares y policiales.

Fiscales, jueces, autores intelectuales de la masacre y los abogados que defendieron a los militares y policías entretejieron una red de complicidad, maniobras e irregularidades para garantizar que en cada escala del proceso se crearan condiciones que permitieran dictar un fallo declarando no culpables a los responsables.

Así, el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristobal dictó sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que se produjo un enfrentamiento y que los militares y policías actuaron defendiendo la soberanía del país. Dicha sentencia fue confirmada e 12 de junio de 1994 por una Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza.

La verdad de los hechos quedó oculta y en su lugar se armó una versión que hizo aparecer a los asesinos como héroes de la patria.

Por todas esas actuaciones, Ricardo Pérez Gutiérrez, fue sometido a averiguaciones en su contra ordenadas por el entonces juez militar Angel Zambrano Chaparro y por la Comisión del Congreso que investigó el caso. Pero esas averiguaciones, “fueron suspendidas por Carlos Andrés Pérez, cuando fue Presidente, utilizando una disposición que establecía el derogado Código de Justicia Militar, y agregando con ello un hecho más a la larga lista de hechos que hoy explican la impunidad de ese caso”.

El caso de la masacre de El Amparo tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar.

Todo indicaba que había un claro propósito de producir impunidad. Frente a esa realidad quienes apoyaban a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes decidieron en 1990 acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos peticiones fueron presentadas y acumuladas por la Comisión. Una presentada por quien para entonces era diputado independiente por el Movimiento Al Socialismo Walter Márquez y otra presentada por las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) con el acompañamiento de las organizaciones Americas Watch y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La Comisión Interamericana el 10 de agosto de 1990 abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en la Comisión Interamericana destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia.

El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos público un Informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela presidido por Ramón J Velásquez que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores y a su vez se indemnizara a las víctimas.

Ante la negativa del gobierno de Ramón J Velásquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los representantes de las víctimas presentó el 14 de enero de 1994 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 01 de agosto de 1994, el Estado venezolano procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana Asdrubal Aguiar el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas.

Es decir admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes que debía reparar. Con fundamento en dicho reconocimiento la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995.

El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal hemisférico dictó una sentencia de reparaciones y costas donde fijó el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 únicos sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos y ordenó que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los responsables.
Aunque durante el gobierno del Presidente Rafael Caldera se canceló casi la totalidad de las indemnizaciones, quedó pendiente un monto.

Durante el gobierno del ex presidente Chávez se cumplió con ese mandato de la CIDH y se pagó el monto pendiente de indemnizaciones. Sin embargo, el aspecto fundamental que es la sanción a los responsables materiales e intelectuales aún quedó pendiente.

En enero de 2010 la Corte Interamericana en su función de supervisar el cumplimiento de sus decisiones convocó al Estado venezolano y a los peticionarios a una audiencia en su sede en la ciudad de San José, Costa Rica. La audiencia se realizó el 29 de enero de 2010.

En ella la delegación del Estado venezolano admitió que el caso estaba en situación de impunidad y asumió la responsabilidad de reabrir el caso en la jurisdicción ordinaria.

En fecha 20 de febrero de 2012, la Corte IDH emitió una nueva resolución de Supervisión de cumplimiento de sentencia donde declaró que el Estado no estaba cumpliendo con su obligación de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas en aras de continuar las investigaciones de los hechos y sancionar a los responsables, por lo que solicitó al Estado cumpliera con dicha obligación. Además, también solicitó al Estado que presentara a más tardar para el 15 de julio del año 2012, un informe actualizado indicando todas las medidas adoptadas para su cumplimiento.

Es de destacar que el Estado venezolano, hasta enero del año 2017, no había presentado el cronograma de información solicitado por la Corte.

El 26 de octubre de 2015 los dos sobrevivientes de la Masacre de El Amparo sostuvieron reuniones con el Defensor del Pueblo y la Fiscal General de la República. Los sobrevivientes instaron al Defensor a involucrarse en los procesos que adelanta el Ministerio Público. Por su parte, en la reunión con la Fiscal General, esta reafirmó su compromiso de seguir con las investigaciones que corresponden al caso e indico la intención del Ministerio Público de introducir un recurso de revisión contra la sentencia de la Corte Marcial.

En fecha 06 de mayo de 2016 el Ministerio Público introdujo ante la Sala Constitucional un recurso de revisión en contra de la sentencia de la Corte Marcial. La Sala Constitucional declaró “ha lugar” el recurso de revisión y en consecuencia anuló la sentencia aludida así como el auto de fecha 20 de octubre de 1998 suscrito por la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia donde se había ratificado la sentencia de la Corte Marcial. Finalmente ordenó a la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar proceder a dictar una nueva decisión.

Con esta decisión de la Sala Constitucional se logra parcialmente avanzar en la búsqueda de la justicia. Sin embargo, debemos indicar que la sentencia violó el artículo 29 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley Para Sancionar Los Crímenes, Desapariciones, Torturas Y Otras Violaciones de Los Derechos Humanos Por Razones Políticas En El Período 1958-1998, al remitir el caso nuevamente a la justicia militar, siendo incoherente con otras decisiones de la propia Sala Constitucional donde en casos anulados en la justicia miliar remitió a la justicia ordinaria (civil) como era su obligación.

Tal como lo planteó el Ministerio Público en su solicitud de revisión de la sentencia de la Corte Marcial, el expediente en sí mismo es una confesión calificada de los autores materiales, por lo tanto, los responsables materiales de la masacre están plenamente identificados y deben ser sancionados, pero además el Ministerio Público debe investigar y solicitar el enjuiciamiento de los autores intelectuales de la masacre.

 

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