Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Ramón Rodríguez Chacín

C.I: 3.169.119

CARGO: Capitan de Navío (Ej), 1988

CASO:
Masacre El Amparo

En 1988 Chacín era parte del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), conformado por las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas y con la participación del resto de los organismos de seguridad del Estado (DISIP, DIM, CTPJ y DIEX) para realizar operativos de seguridad en la frontera colombo-venezolana.

Entre el 16 de enero y el 6 de octubre de 1988 el CEJAP participa en 4 “enfrentamientos con guerrilleros colombianos” que arrojaron como saldo 20 personas asesinadas. El 29 de octubre el comando realiza la “Operación Anguila III”, en el Caño La Colorada aledaño a la población de El Amparo en el estado Apure, presentando a 14 nuevas víctimas como miembros de la guerrilla colombiana. Pero en esta oportunidad, el testimonio de dos sobrevivientes y la enérgica respuesta del pueblo ampareño rechazando la versión oficial, revela una de las violaciones de derechos humanos emblemáticas de la época.

Días antes de la llamada “Masacre de El Amparo”, 25/10/88, un helicóptero del CEJAP se estrella mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco y el propio  Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en Anguila III. La participación intelectual de Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644 folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaraba ante la justicia militar que “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar una vez más de preparar ese enfrentamiento”.

En 1994, luego que los tribunales militares avalaran la tesis oficial sobre un “enfrentamiento”, las organizaciones de derechos humanos: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea, Human Rights Watch y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 18 de enero de 1995 el Estado venezolano reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal dictó una sentencia de reparaciones y costas donde  fijó el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, ordenando que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los responsables materiales e intelectuales. Esta segunda parte de la sentencia no se ha cumplido.

 

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