Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Nicolás Maduro Moros

C.I: 5.892.464

CARGO: Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

CASO:
Desabastecimiento de medicamentos

Un hecho público, notorio, comunicacional, cierto e irrefutable, en Venezuela ha sido el grave desabastecimiento y escasez de medicamentos, de reactivos e insumos médicos de carácter esencial para evitar lesiones a la salud y preservar la vida de las personas de todas las edades: tanto de aquellas en condiciones de salud crónicas, como las que han contraído epidemias y enfermedades; las que necesitan de atención médica de urgencia e intervenciones quirúrgicas; las embarazadas; las madres lactantes y los recién nacidos; las personas mayores por su condición de vejez, o simplemente quienes por causa fortuita sufran de algún accidente o imprevisto que lesione su salud.

De esta situación son corresponsables tanto el funcionario que ejerce la rectoría del ministerio de salud Luisana Melo Solórzano como el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros.

Razones por las cuales Organizaciones No Gubernamentales, defensoras de derechos humanos, como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Fundamama, Senos Ayuda, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y Provea introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una demanda de protección a los derechos a la salud y a la vida de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Presidente de la Republica Nicolás Maduro y la ministra de Salud Luisana Melo Solorzano, en medio del panorama de escasez de medicinas e insumos que vive el país actualmente, para recibir ayuda internacional.

Y aun cuando luego la Sala tenía cinco días hábiles para pronunciarse sobre la admisión del recurso, ha pasado más de un año sin que hasta la presente fecha se haya pronunciado sobre la admisión. Sólo dio cuenta de haberla recibido y designó como ponente al Magistrado Calixto Ortega.

En el escrito, las organizaciones reiteran la emergencia que vive Venezuela en materia de salud y como los más vulnerables se ven afectados. La producción de medicamentos, reactivos e insumos médicos en Venezuela es muy reducida.

El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud y principal institución pública con capacidad operativa actual para la producción, adquisición y suministro de medicamentos e insumos médicos a los servicios de salud del país, pudo fabricar en el año 2014 un total de 8.035.701 medicamentos genéricos de una meta física fijada en 18.730.000 unidades, equivalente a 43% de ejecución, y en el año 2015, con una meta de 20.550.000, fabricó apenas 714.740 unidades, lo cual representa apenas 3% de lo esperado, debido a la ausencia de materia prima y a la escasez de repuestos y maquinarias en el país, según lo indica la propia institución en las Memorias y Cuentas del Ministerio del Poder Popular para la Salud de los años respectivos.

Debido a la baja capacidad de producción nacional, más de 90% de medicamentos, reactivos e insumos médicos de los cuales puede disponer la población, dependen de importaciones y requieren de las divisas que bajo régimen de administración del Estado, autoriza y cancela a los sectores prestadores de servicios, tanto públicos como privados, el Banco Central de Venezuela en conjunto por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), de acuerdo con las solicitudes y aprobación del Ministerio del Poder Popular para la Salud y de la Presidencia de la República.

Desde el año 2010 el Ejecutivo Nacional ha venido disminuyendo la liquidación de divisas para compras de medicinas, reactivos e insumos médicos a proveedores internacionales, de cuyos suministros depende más del 80% de la disponibilidad de medicinas, y más del 90% de los reactivos, insumos básicos y médico quirúrgicos, así como el correcto funcionamiento de los equipos médicos, además de la materia prima, las piezas y partes para los pocos rubros que se fabrican en el país.

Estas disminuciones ocasionaron la acumulación de altas deudas con los proveedores internacionales y trajo como consecuencia el cierre de líneas de crédito. Según declaraciones dadas a distintos medios de comunicación social por parte del presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR), señor Tito López, “en la industria farmacéutica 98% de los insumos son importados y hay una deuda con los proveedores extranjeros que ronda, en el caso del CIFAR, los $632 millones y en el total de la industria los $6 mil millones”.

En el año 2015, el Ejecutivo Nacional, decidió recortar más de la mitad de las divisas para importaciones, en un contexto de escasez de insumos y materias primas, la cantidad de divisas para todas las importaciones entre los años 2014 y 2015 cayó 64,58%, pasando de 14.410,6 a 5.103,7 millones de dólares. En enero de 2016, las Droguerías afirmaron que solamente podían surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

La Federación Farmacéutica de Venezuela (FEFARVEN), institución gremial constituida por los Colegios de Farmacéuticos de Venezuela, de igual manera reportó en octubre del año 2015, que el desabastecimiento había llegado a 70% en todo el país, e incluso alcanzaba el 80% en algunos estados.

En enero del año 2016, este gremio informó que el desabastecimiento era de 80% a nivel nacional. Dicho en otras palabras, de cada 10 medicamentos que necesitan los venezolanos, más de 8 no se consiguen en las farmacias de la red privada.

En tal sentido, frente a estas restricciones financieras varios estados reportaron en la Memoria y Cuenta del año 2015, del Ministerio del Poder Popular para la Salud la dificultad para adquirir medicina y material médico quirúrgico para la red ambulatoria y hospitalaria, así como reactivos de laboratorio para los diferentes tipos de exámenes, lo cual les impide realizar cirugías y atender emergencias.

El desabastecimiento y escasez de insumos médicos afecta de forma masiva a la población venezolana en los servicios de salud, principalmente los públicos, en los cuales según cifras del Ministerio del Poder Popular para la Salud son atendidas anualmente unas 26.5 millones de personas, equivalente al 86,8% de la población. Como consecuencia de esta situación, más de 50.000 personas a nivel nacional se encuentran en listas de espera por intervenciones quirúrgicas, y aumentaron de forma altamente y preocupante los porcentajes de personas dadas de alta por fallecimiento, así como las muertes neonatales en los hospitales, donde nacen al año más de 600 mil niños.

Los hechos descritos se encuadran en una grave situación en la cual el Estado Venezolano ni siquiera está cumpliendo con su obligación mínima de asegurar el suministro y disponibilidad de por lo menos los niveles esenciales de medicamentos, reactivos e insumos médicos esenciales para la atención y tratamientos requeridos por la población venezolana. Obligación que de acuerdo con las recomendaciones señaladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ameritan que el Estado tome las medidas urgentes y necesarias en un esfuerzo por satisfacer con carácter prioritario garantías mínimas, utilizando todos los recursos que están a su alcance, incluyendo los que pone a su disposición la comunidad internacional a través de la cooperación y la asistencia internacional.

La situación de desabastecimiento y escasez de medicamentos, reactivos e insumos médicos que sufre el País actualmente es tan grave, que la única solución viable en el corto plazo para salvaguardar y proteger la vida y la salud de los venezolanos es recibir Cooperación Internacional en materia de salud.

Según declaraciones públicas emitidas por los Presidentes de las Cámaras que agrupan a las empresas Farmacéuticas, Insumos Médicos y de Laboratorios, la crisis es tan grave que ni siquiera en el caso de que el Estado Venezolano les liquidase la totalidad de las divisas que se les adeuda, estarían en capacidad de normalizar el suministro de medicinas e insumos médicos en el país de inmediato, pues aún en ese caso necesitarían de 90 a 120 días, por lo menos, para poder importar materia prima, procesarla, distribuirla y así volver a abastecer al país de medicinas e insumos médicos.

Así las cosas, en vista de que ni la República Bolivariana de Venezuela, ni el Sector Privado, están en condiciones de solucionar el problema en lo inmediato, resulta evidente que la única alternativa viable, responsable y razonable para solventar el grave desabastecimiento de medicinas, reactivos e insumos médicos en el corto plazo y así evitar la muerte y el sufrimiento innecesario de muchos venezolanos es recibir cooperación y asistencia internacional en esta materia.

Además, por mandato de la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República, el Estado está en la obligación de realizar el máximo esfuerzo y de utilizar todos los recursos que están a su alcance, incluyendo los que pone a su disposición la comunidad internacional, para dar plena efectividad al derecho a la salud.

Las ONG’s esperan que el máximo tribunal inste al Ejecutivo a reabastecer o, en su defecto, que acepte cooperación y ayuda internacional. Señalan que el tribunal tiene en sus manos una decisión que no debería ser difícil, pues está establecido en la Constitución: la vida y la salud de las personas.

Los Derechos Humanos de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela violados han sido:  Artículo 19, 22, 23, 43 y 83 de la Constitución. Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 

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