Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Mickel Amezquita Pion

C.I: 12.484.950

CARGO: Juez Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar

CASO:
Juicio de Roberto Picón en tribunales militares

Roberto Picón, Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico de la Mesa de la Unidad (MUD) fue detenido arbitrariamente el 22 /06/2017, por una comisión de 30 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según informan a Provea fuentes confiables. Desde entonces no solo ha habido violación a su libertad personal sino también al debido proceso.

Se calificó su detención como arbitraria porque no hubo ni orden judicial ni delito flagrante, que son las únicas dos razones que establece la ley por las cuales se puede privar a alguien de su libertad. Por esta razón, a Picón se le violó su derecho a la libertad personal.

Cuatro días después de la detención fue celebrada la audiencia de presentación ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas, a cargo del Juez Militar Capitán Mickel Amézquita. Todo ello constituye una violación al debido proceso en tanto que nuestras leyes establecen un margen de 48 horas, dos días, para que el detenido sea presentado. Además se violó el derecho al juez natural al ser presentado ante tribunales militares (Artículo 261 CRBV). Cabe señalar que durante esos cuatro días no se supo oficialmente sobre los cargos ni sobre el lugar de reclusión de Picón.

A Roberto Picón lo imputaron por: traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (artículos 464, 476 y 570, del Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela). Se decretó como medida cautelar la privación de su libertad y se fijó como lugar de reclusión la sede del Sebin ubicada en El Helicoide.

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, del 30/05/1999, esta instancia argumenta: “Si bien a nivel internacional la intervención de tribunales militares no se ha considerado violatoria del derecho a un juicio justo, lo cierto es que ‘ha surgido un consenso internacional, no sólo sobre la necesidad de restringir[la] en todo lo posible, sino [además de] prohibir el ejercicio de jurisdicción militar sobre civiles, y especialmente en situaciones de emergencia’”.

Seguidamente establece: “el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares o especiales en el sentido de que ello ‘podría presentar graves problemas en lo que respecta a la administración equitativa, imparcial e independiente de la justicia’ y ‘la aplicación de la jurisdicción militar a civiles contradice la garantía del juez natural establecida en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”. En su argumentación, la Corte IDH añade: “la coincidencia en las Fuerzas Armadas de las funciones de lucha antiterrorista y desempeño jurisdiccional propio del Poder Judicial, ‘[pone] en serias dudas la imparcialidad de los tribunales militares, que serían juez y parte en los procesos”. Sobre la subordinación propia de las Fuerzas Armadas indicó: “En la práctica, los jueces militares siguen estando subordinados a sus superiores y deben respetar la jerarquía militar establecida. Por estas razones, dichos tribunales no ‘ofrece[n] garantías de imparcialidad e independencia para los civiles, toda vez que los jueces militares actúan bajo una lógica militar y de acuerdo a sus principios”.

En su fallo, la Corte IDH especificó: “la Corte entiende que los tribunales militares que han juzgado a las supuestas víctimas por los delitos de traición a la patria no satisfacen los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad establecidas por el artículo 8.1 de la Convención Americana, como elementos esenciales del debido proceso legal”.

Amezquita no puede argumentar “cumplir órdenes superiores” en su acción como juez militar contra civiles.  El artículo 25 de la CRBV expresa: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

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