Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Larry Devoe Márquez

C.I: 13.943.870

CARGO: Secretario Ejecutivo Consejo Nacional DDHH

CASO:
Arco Minero del Orinoco

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para DDHH, en Ginebra, realizó los días 2 y 3 de junio de 2015 la revisión del Tercer informe periódico de Venezuela sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la presencia de representantes del Estado venezolano, que incluyó a Larry Devoe, en su rol de Secretario Ejecutivo Consejo Nacional DDHH.

Ante las preguntas de los diferentes relatores sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente, Ricardo Menéndez Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área de Gestión y Desarrollo Territorial del gobierno venezolano, que liderizaba la misión estatal, le dió la palabra a Devoe para que respondiera sobre el tema.

“Actualmente -respondió Devoe- se está preparando lo necesario para la elaboración de un proyecto estratégico que permita cuantificar y certificar las reservas mineras a los fines de luego, planificar y diseñar, la explotación controlada, por lo que se ha elaborado las líneas de acción y el mapa de ruta, que será llevado adelante a través de una empresa de exclusiva propiedad del Estado venezolano, conformando alianzas estratégicas”. Estas palabras ocurrieron 8 meses antes que se formalizara el decreto de creación de la iniciativa “Arco Minero del Orinoco”, por lo que podemos inferir que Devoe se refería a este proyecto en su alocución.

Seguidamente Davoe expresó: “Una vez que se realice este registro y antes de proceder a la asignación para la explotación correspondiente, se iniciarán las consultas previa e informada cuando se trate de zonas indígenas”.

En la Gaceta Oficial 40.855, publicada el 24/02/16, apareció el decreto nro. 2.248 mediante el cual Nicolás Maduro Moros, en su rol como presidente de la república, aprobó la creación de la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO). Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional, en el cual vivían por lo menos 8 etnias indígenas diferentes.

El artículo 129 de la Constitución establece que este tipo de iniciativas económicas deben contar, previamente, con la consulta de las comunidades indígenas: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

Al permitir que esta decisión se haya aprobado sin la realización previa de la Consulta a comunidades indígenas, Larry Devoe se convirtió en corresponsable de la violación de los derechos de las comunidades aborígenes establecidos por la Constitución.

En materia internacional, la aprobación inconsulta de un proyecto extractivo de esta envergadura en territorios indígenas vulnera lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su artículo 32: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido el derecho tanto a la consulta previa, libre e informada, así como la realización de estudios de impacto ambiental en territorios indígenas. Sobre el primero, en su Informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, en el que se interpretan los estándares sobre la materia en DDHH, se afirma: “El primer requisito consiste en la participación efectiva de los pueblos indígenas, desde las primeras etapas, “en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y territorios ancestrales”254. Para la Corte -Interamericana de Derechos Humanos-, la participación efectiva consiste precisamente en el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas “de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción […] que se lleve a cabo dentro del territorio […]”. De acuerdo al artículo 6.1 del Convenio No. 169 de la OIT, dicha consulta debe realizarse“mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente […]”. El artículo 6.2 del Convenio No. 169 de la OIT indica además que “[l]as consultas […] deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Seguidamente, se agrega: “Además del plano normativo, existe en la región un problema estructural consistente en el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos de toda índole sin cumplir con el derecho a la consulta y en su caso, el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”, lo cual aplica para el caso venezolano y el AMO.

 

Derechos de los Pueblos Indígenas
Derecho a un Ambiente Sano

FICHAS: :1ver todas

Personajes del Muro

PROVEA

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos