Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Jesús Salazar Velásquez

C.I: 5.910.545

CARGO: Ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

CASO:
Arco Minero del Orinoco

En la Gaceta Oficial 40.855, publicada el 24/02/16, apareció el decreto nro. 2.248 mediante el cual Nicolás Maduro Moros, en su rol como presidente de la república, aprobó la creación de la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO). Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. Este decreto fue firmado por Jesús Salazar Velázquez en su calidad de Ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, lo que lo convierte en co-rresponsable en la vulneración de derechos ambientales e indígenas.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltan, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del rio Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

La aprobación del AMO incumplió dos requisitos previos establecidos en la Constitución. El primero de ellos la realización, antes de la aprobación del proyecto, de un estudio de impacto ambiental y sociocultural, como lo establece el artículo 129: “Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”.

El segundo artículo de la CRBV ignorado fue el número 129, correspondiente al Capítulo VIII sobre los derechos de los pueblos indígenas: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”.

Además de ignorar los requisitos establecidos por la Carta Magna para la realización de un proyecto de esa envergadura, el decreto del AMO lesiona diferentes garantías en materia de derechos humanos. El artículo 25 elimina tanto los principios de universalidad y progresividad como los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los intereses de Estado, en maximizar la producción minera en la zona, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares: “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”. Este artículo también establece nociones que pueden interpretarse como la proscripción del derecho a la manifestación pacífica –“los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados”– y el derecho a la huelga –“los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”-.

Prohibir y penalizar el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, es contrario a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Libertad Sindical y a los artículos 53, 68 y 97 de la Carta Magna. La restricción de garantías constitucionales sólo puede hacerse de forma temporal, mediante la declaratoria de estado de excepción por parte del Presidente en Consejo de Ministros, decreto que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia.

En materia internacional, la aprobación inconsulta de un proyecto extractivo de esta envergadura en territorios indígenas vulnera lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su artículo 32: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido el derecho tanto a la consulta previa, libre e informada, así como la realización de estudios de impacto ambiental en territorios indígenas. Sobre el primero, en su Informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, en el que se interpretan los estándares sobre la materia en DDHH, se afirma: “El primer requisito consiste en la participación efectiva de los pueblos indígenas, desde las primeras etapas, “en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y territorios ancestrales. Para la Corte -Interamericana de Derechos Humanos-, la participación efectiva consiste precisamente en el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas “de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción […] que se lleve a cabo dentro del territorio […]”. De acuerdo al artículo 6.1 del Convenio No. 169 de la OIT, dicha consulta debe realizarse “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente […]”. El artículo 6.2 del Convenio No. 169 de la OIT indica además que “[l]as consultas […] deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Seguidamente, se agrega: “Además del plano normativo, existe en la región un problema estructural consistente en el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos de toda índole sin cumplir con el derecho a la consulta y en su caso, el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”, lo cual aplica para el caso venezolano y el AMO.

Sobre la ausencia de un estudio de impacto ambiental, el informe de la CIDH apunta: “La segunda garantía es la realización de un estudio previo de impacto social y ambiental, llevado a cabo por “entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado”. Los estudios de impacto social y ambiental responden a la finalidad última de “preservar, proteger y garantizar la relación especial” de los pueblos indígenas con sus territorios y garantizar su subsistencia como pueblos. Para la Corte Interamericana, se viola el artículo 21 de la Convención Americana cuando el Estado no lleva a cabo o supervisa estudios ambientales y sociales previos al otorgamiento de las concesiones.

 

 

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