Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Gustavo González López

C.I: 5.726.284

CARGO: Ministro de Interior y Justicia

CASO:
Violaciones derecho a la vivienda por Operativo Liberación del Pueblo

Mayor General nombrado por el presidente Nicolás Maduro en el año 2015 ministro de Interior, Justicia y Paz, sustituyendo a la Almiranta Carmen Meléndez, cargo que ocupó hasta el mes de agosto de 2016, cuando es sustituido por el actual ministro Néstor Reverol.

Durante sus funciones como ministro fue también el alto mando de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que inicio en julio de 2015. Siendo la OLP un operativo conjunto realizado entre diferentes fuerzas de seguridad policiales en conjunto con las Fuerzas Armadas, entre ellas la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Comando Nacional, El Cuerpo de Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc). Su objetivo radica en la “limpieza social” mediante el uso de armas de fuego, con el fin de “disminuir la inseguridad”, atrapando a criminales y paramilitares. Trayendo como consecuencias daños a las propiedades por las incursiones violentas que realizan y la realización de detenciones arbitrarias, todo sin orden judicial alguna. Victimas denuncian además de las violaciones de derechos humanos cometidas, la realización de delitos como robo.

Las OLP consisten en una “toma” temporal de una zona en que retienen a hombres y mujeres para posteriormente ser verificados en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) y determinar si han cometido algún delito. Pero las OLP violan la Constitución venezolana, que establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”.

En las primeras OLP realizadas en el país, Provea realizo un balance de los destrozos realizados por los cuerpos de seguridad durante los operativos. Un total de 3.463 viviendas fueron allanadas forzosamente y en ninguno de los casos presentaron una orden judicial. Más de 200 viviendas ubicadas en el Km. 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y posteriormente demolidas sin importan el paradero de las familias.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reitera que las OLP seguirán consolidándose en todo el territorio nacional, al señalarlo como un mecanismo para la preservación de la paz y la estabilidad del país.

Casos: Entre estos desalojos forzosos ocurridos en el marco de las OLP, ocurren casos como el de la señora Omaira Del Carmen Ramírez. Durante uno de estos operativo realizado en Caraballeda, estado Vargas, específicamente en Tanaguarena, el 24 de agosto de 2015, por funcionarios de la policía del estado y en compañía de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ingresaron de manera violenta al apartamento donde vivía Omaira y sus hijos, sin presentar ninguna orden de allanamiento emanada por algún tribunal, y siendo forzada la puerta, debido a que no se encontraba nadie en ese momento. Una vez que policías y militares que participaban en la OLP ocuparon el apartamento y ya presente Omaira junto con dos de sus hijos, los funcionarios le ordenaron con amenazas y humillaciones que en menos de 20 minutos debían desalojar la vivienda., pudiendo solo sacar algunas de sus pertenencias en ese momento. La única explicación otorgada por los funcionarios a Omaira era que el desalojo se producía porque, según ellos, uno de sus hijos era considerado “mala conducta”, pero es de resaltar que al hijo al que hacían referencia no cuenta con antecedentes penales ni con ninguna actuación policial.

La vivienda de la que fue desalojada la señora Omaira y sus hijos, le fue otorgada el 05 de julio de 2013, por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda de Caraballeda. Durante la adjudicación solo le hicieron firmar un libro donde consta la entrega del apartamento, pero nunca le fue entregado un documento de propiedad ni de adjudicación. La entrega de esta vivienda ocurre debido a la condición de damnificada en la que se encontraba, como consecuencia de las fuertes lluvias acaecidas en el año 2012, por lo que su casa, ubicada en la carretera vieja Caracas – La Guaira, donde vivía desde hace aproximadamente 25 años se vio afectada, viéndose obligada a evacuarla en compañía de sus tres hijos, dos de ellos menores de edad.

Como adjudicataria de la vivienda, Omaira Ramírez, siempre presentó una buena conducta y pagaba puntualmente los servicios básicos, así como la mensualidad para el mantenimiento del edificio “condominio”, siendo el compromiso adquirido por todos los que habitaban el conjunto residencial.

Pero el desalojo llevado a cabo se ejecutó sin la observancia de algún procedimiento ajustado a derecho y no se le dio la posibilidad a Omaira de ejercer, en el momento, un recurso efectivo para impedir el desalojo, ni opciones de refugio, solo la solidaridad de vecinos y familiares se hizo presente.

A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los pactos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DU), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (siglas en ingles CEDAW), la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y otros instrumentos suscritos y ratificados por Venezuela los protegen, Omaira y sus hijos fueron víctimas de un desalojo forzoso, vulnerándose la garantía a sus derechos civiles y humanos.

Tras el hecho, la señora Omaira decide denunciar el 11 de septiembre de 2015 ante Provea, haber sido víctima de desalojo forzoso a manos de la OLP. Por lo que el 23 de septiembre de 2015, Omaira envía comunicación al para entonces ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, a fin de solicitarle audiencia para exponerle el hecho del cual fue víctima junto a sus hijos, de un desalojo forzoso sobre su vivienda, pero lamentablemente hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna.

Por lo que se decide el 19 de febrero de 2016 interponer junto a Provea, una acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el ex ministro Gustavo González López, por haber violado su derecho constitucional a una vivienda digna consagrado en el artículo 82 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con el artículo 23 de la Carta Magna; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); el 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El 24 de febrero de 2016, la Sala Constitucional del TSJ dio ingreso al escrito de Amparo, asignándole número de expediente y estableciendo como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover; pero cabe marcar que ha pasado más de un año sin que la Sala Constitucional se pronuncie sobre la admisión de esta Acción de Amparo Constitucional.

En fecha 26 de mayo de 2016, Provea actuando en representación de la Sra. Omaira y sus hijos ostentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el presente caso para someterlo a su consideración, debido a que el Estado Venezolano violó su deber de respeto y garantía de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pero tanto en la esfera nacional como la internacional, Omaira Ramírez y sus hijos aún siguen esperando la admisión y/o respuestas a sus denuncias.

Derechos violados: artículo 49 de la Constitución; articulo 51 de la Constitución; articulo 82 y 23 de la Constitución; articulo 11 del PIDESC; artículo 66 de la LOPNNA; articulo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículo 2, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 17, párrafo 1 del PIDCP; articulo 7, párrafo 1 del PIDCP; artículo 15, párrafo 1 del PIDCP; artículo 2, párrafo 3 del PIDCP; artículo 14, párrafo 1 del PIDCP y el artículo 24, párrafo 1 del PIDCP.

 

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