Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Eugenia Sader Castellanos

C.I: 4.088.520

CARGO: Ministra del P.P para la salud

CASO:
Adquisición de medicinas vencidas

El 29 de agosto de 2011 Organizaciones No Gubernamentales como Espacio Público, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y Provea, realizaron una petición de información al Ministerio del P.P para la Salud, en la persona que para entonces era Ministra del P.P para la Salud Eugenia Sader, a objeto de conocer si dicho despacho había adoptado las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la Republica, en su Informe Anual del año 2010, al determinar ciertas irregularidades en la compra de medicinas a Cuba, y en el almacenamiento y distribución de las mismas. Determinando además, que dichas irregularidades eran realizadas por el Ministerio del P.P para la Salud y el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR).

En el Informe de Gestión se obtuvieron resultados de una revisión efectuada a una muestra conformada por un total de 20 contratos de adquisiciones de medicamentos y vacunas por Bs.F. 1.317.834.669,86, suscritos con la República de Cuba, observando que los mismos no respondían a un adecuado proceso de planificación y programación por parte del SEFAR, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

El Informe de la Contraloría General detalló las consecuencias de esta falta de planificación y mal manejo de recursos: recepción de medicamentos provenientes de Cuba, cuyas cantidades superaban las requeridas en el país; retención de medicamentos en la Aduana Principal de La Guaira, lo que generó un incremento en los costos administrativos; atrasos en la entrega de medicamentos por parte de laboratorios lo que produjo incrementos muy superiores a los establecidos inicialmente y finalmente la recepción de medicamentos vencidos por parte del SEFAR.

En el Informe presentado, una las medidas aplicadas o por aplicar, relacionada a la recomendación Número Uno, es la siguiente:
“Planificar y programar la adquisición de medicamentos, con el objetivo de garantizar que los mismos estén en concordancia con las necesidades reales de la población, evitando de esta manera el vencimiento de tales productos y por consiguiente la pérdida del patrimonio público”.

Dentro de la misma petición, estas organizaciones, solicitaron además de información sobre la adopción de dichas medidas, información acerca de si el Ministerio del P.P para la Salud, ordenó realizar una investigación administrativa de conformidad con los Artículos Artículo 33 numeral 7, 79 y 89 del Estatuto de la Función Pública.

Pero ante la negativa por parte de este Ministerio, y de su ministra, de otorgar una oportuna y adecuada respuesta al derecho de petición de información, el 9 de marzo del año 2012, las organizaciones involucradas, decidieron presentar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un Amparo Constitucional.

La violación del derecho de petición tiene como consecuencia inmediata la violación del derecho constitucional de controlar la gestión pública, y dentro de ello el control fiscal establecido en la Constitución, y que afecta el ejercicio protagónico, pues el acceso a la información pública es condición esencial para su ejercicio. Además de estar directamente relacionado con el derecho constitucional a la salud de la población.

La urgencia del caso se basaba en que la petición de información formulada al Ministerio del Poder Popular para la Salud, versan sobre un tema delicado y trascendental para la ciudadanía venezolana, como lo son los medicamentos, indispensables para garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas. Resultando muy urgente conocer el efectivo cumplimiento de estas recomendaciones por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, debido a que en el caso de que no se estuvieren llevando a cabo estas recomendaciones, existe el riesgo importante de afectar la salud y la vida de las personas, al ventilarse posibilidades tales como: la escases de medicinas, el vencimiento de las medicinas, la mala conservación de los medicamentos que pueda ocasionar su deterioro, la deficiente distribución de los medicamentos, entre otras.

Si bien, dentro del proceso judicial se establece que en caso de violación a los derechos de petición formulados, la vía judicial siguiente a agotar es la de interposición del Recurso de Abstención o Carencia, la Sala ha reconocido que la existencia de esta vía contencioso administrativa ordinaria, no excluye la posibilidad de interposición de demandas de Amparo contra omisiones administrativas, en la medida en que estas sean violatorias de derechos fundamentales, y además cuando esta vía contenciosa administrativa no garantice la eficaz satisfacción de la pretensión.

Es por ello, que estas organizaciones al interponer el Amparo Constitucional contra el Ministeriodel Poder Popular para la Salud, destacaron que por la urgencia con la cual se requiere la información solicitada, para garantizar la salud de un número importante de personas que diariamente necesitan estas medicinas con carácter urgente, el recurso de Abstención o Carencia no era adecuado ni suficiente para satisfacer las pretensiones, pues para sus consideraciones tardaría tiempo excesivo que pudiera ser determinante para salvaguardar la vida y salud de los ciudadanos ciudadanas.

Señalaron además que si se interpusiese el recurso ordinario de Abstención o Carencia, se correría el riesgo, aunado al retraso procesal existente en los tribunales, de tener que esperar un tiempo posiblemente largo e indeterminado en los cuales se podría obtener una sentencia favorable del tribunal o esperar un tiempo tal que se demuestre una vez más la insuficiencia de este recurso para el caso en concreto. Por lo que para ellos no resultaba apropiado esperar un lapso indeterminado de tiempo, en el cual el recurso contencioso administrativo correspondiente no fuese tramitado con prontitud adecuada para entonces interponer el Amparo Constitucional, pues la urgencia del cumplimiento de este derecho fundamental no se vería cumplida.

Pero para el momento de dictar sentencia, la Sala Constitucional el 18 de junio del año 2012, determino que aun cuando se alegó que la supuesta omisión administrativa violó derechos fundamentales, no se evidencio de las actas del expediente la existencia de una situación de hecho que permitiera afirmar que la quejosa pudiera sufrir una lesión inevitable o irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa, ya que en forma alguna existen elementos de convicción que permitan determinar que el contencioso administrativo sea insuficiente para restablecer la situación infringida, o que su procedimiento -dada la naturaleza de la infracción alegada- no cumple con la finalidad de lograr la protección de los derechos constitucionales presuntamente lesionados.

La Sala considero que las razones invocadas por la actora no fueron suficientes para rechazar el empleo de la vía procesal ordinaria, por lo que declaro inadmisible la acción de Amparo Constitucional ejercida.

Mientras tanto sigue sin haber coacción alguna que obligue al Ministerio del Poder Popular para la Salud de dar respuesta alguna sobre su gestión en la toma de medidas que permitan una mejor labor en el abordaje de las medicinas dentro del país, y por otro lado los ciudadanos venezolanos siguen padeciendo a causa de insuficiencia de insumos en clínicas y hospitales, así como en la escasez de medicamentos.

Por otro lado, se afecta también el derecho a la salud, cuando no se realizan las contrataciones necesarias para el mantenimiento de equipos médicos- tal como ocurre actualmente con los equipos de radioterapia- y se compromete el derecho a la vida de miles de pacientes con cáncer en el país. La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional presentó el resultado de una investigación que planteaba la presunta omisión de parte de la ex Ministra del Poder Popular para la Salud Eugenia Sader, al no garantizar la renovación del contrato con las empresas que realizarían el mantenimiento preventivo a los equipos de radioterapia del país. Aceleradores lineales, unidades de cobalto, tomógrafos, simuladores, braquiterapias y gamma cámaras, entre otros equipos indispensables para el tratamiento a pacientes con cáncer, sufrieron daños y quedaron fuera de servicio a falta de mantenimiento preventivo.

De los 19 centros de atención oncológica inspeccionados, la Comisión de la Asamblea Nacional encontró sólo 5 en funcionamiento.

Por negligencia e indolencia de funcionarios en el sector salud se ha condenado al deterioro de la salud, e incluso el fallecimiento, a miles de venezolanos y venezolanas. Una clara responsabilidad del Estado por omisión al no brindar atención oportuna y adecuada.

En lo que se refiere en específico a medicinas, en sus informes de gestión 2010 y 2011 La Contraloría General de la República señaló que el Ministerio de Salud recibió medicamentos por Bs.F. 21.119.452,06, cuyas fechas de vencimiento oscilaron en promedio inferior a 9 meses, siendo la exigida de 18 meses.

Derechos violados: artículo 23, 51, 57,58, 62, 83 y 143 de la Constitución. Artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 

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