Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Carlos Rotondaro Cova

C.I: 6.157.070

CARGO: Presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS)

CASO:
Incumplimiento tramitación de pensiones de vejez

Miembros del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y Jubilados, quienes acudieron a Provea a fin de denunciar el retraso y el incumplimiento por parte del IVSS, al negarse a procesar sus pensiones por vejez; aun cuando contaban con las cotizaciones y la edad mínima establecida en la Ley del Seguro Social, para recibir los pagos correspondientes.

Los miembros se dividían en dos grupos, el primero que no pudo ser parte del proceso judicial, debido a que sus cuentas dentro del sistema del IVSS no reflejaban que tenían las 750 cotizaciones requeridas, pero que sí se contabilizan sus años de servicio y se multiplica por la cantidad de semanas al año laboradas, se demostraba que ellos contaban con más de las 750 cotizaciones. Por lo que junto con Provea, en agosto de 2016, se dirigió derecho de petición al Presidente del IVSS, solicitando que se realice una revisión diligente, eficaz y profunda de la situación planteada, así como que se tomen las medidas pertinentes, a fin de que informen las razones por las cuales no se ha tramitado la pensión de vejez de estas personas, identificadas en la comunicación.

A falta de respuesta, se tuvo que introducir un Recurso de Reconsideración, en septiembre de 2016, obteniendo nuevamente el silencio administrativo por parte del IVSS, por lo que se decide dirigir Recurso Jerárquico ante el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Oswaldo Vera. Pero lamentablemente hasta la presente fecha no se ha obtenido respuesta alguna. El segundo grupo que sí acudió a la vía judicial, debido a que contaban con las cotizaciones requeridas, y tenían estas reflejadas en cada cuenta particular dentro del sistema del IVSS, pero que aún no las habían recibido, el 29 de septiembre de 2015, en compañía de Provea, demandan al IVSS por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. En la contestación de la demanda el IVSS hace énfasis en que la jurisdicción competente para conocer de la demanda por deficiente prestación de servicio público, corresponde a los Tribunales de Trabajo. Y señala además que “las variadas empresas, constituyen la mayoría empresas del Estado, presentan una alta morosidad que superan los millones de bolívares… dichas deudas que las referidas empresas no le ha pagado a mi representado, razón por la cual no se le pueden tramitar las solicitudes de pensión, reposos médicos y demás beneficios sociales correspondientes a los trabajadores”. Con esto, el IVSS confirmó que a los trabajadores y trabajadoras no se les ha procesado su pensión por vejez, a pesar de haber cumplido los requisitos de Ley, alegando deudas y morosidad de las empresas donde estas personas laboraron.

El 13 de enero de 2017, se sentencia a favor de los adultos mayores demandantes, y se ordena al IVSS que otorgue las pensiones correspondientes, y se señala que no es excusa por parte del IVSS, negar las pensiones por vejez a quienes cumplen los requisitos, cuando la empresa o ente donde laboro posee una mora con este organismo. El Ministerio Público por su parte, alego que el IVSS tiene la obligación de verificar si se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social y de ser el caso realizar el trámite respectivo a dichas solicitudes, sin que sirva de fundamento para omitir trámites de las mismas, la mora en que se encuentren los entes patronales. En la sentencia además, se ordena al IVSS verificar si los ciudadanos y ciudadanas cumplen con los requisitos de la edad y la cantidad de semanas cotizadas, para la entrega de sus pensiones por vejez, no existiendo ningún otro requisito.

Lamentablemente, el caso actualmente está siendo conocido por el juzgado Quinto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en vista de la apelación ejercida por el IVSS, basándose en la morosidad que tienen los patronos, en su mayoría del sector público, con respecto al IVSS. Siendo incongruente con la acción ejercida por el propio organismo, ya que durante el procedimiento judicial el IVSS otorgó las pensiones por vejez, a alguna de las personas involucradas, y aun cuando la sentencia dictada, también advierte que el derecho a pensión y jubilación constituyen un servicio público que ante la omisión, demora o deficiencia de su prestación debe ser tramitado por el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la competente para conocer de las demandas por servicios públicos, hasta tanto sean creados los Juzgados correspondientes.

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PROVEA

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