Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Carlos Rotondaro Cova

C.I: 6.157.070

CARGO: Presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS)

CASO:
Intoxicación Hospital “José Antonio Vargas” (La Ovallera), Maracay

En 1993 ocurre un accidente tóxico intra-hospitalario en las instalaciones del Hospital “José Antonio Vargas”, del sector La Ovallera, Maracay estado Aragua, el 20 de marzo. Allí ocurre la intoxicación masiva de los pacientes hospitalizados y de gran parte del personal médico, técnico y obrero que allí laboraba. Las víctimas decidieron exigir justicia e indemnización por los daños físicos y morales ocasionados, a través de los tribunales contra el IVSS, para que se tomaran las medidas que evitaran accidentes en otros centros hospitalarios.  Esta demanda fue introducida en el año 2004. Durante todo este tiempo el argumento del IVSS era que no tenía responsabilidad en el accidente.

El 22 de Julio de 2009, la Sala dicta sentencia declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, pero en diciembre de ese año, el IVSS ejerció un Recurso de Revisión, ante la Sala Constitucional, alegando no haber sido notificado de la demanda conforme a derecho. Por lo que el 12 de julio de 2010 la Sala Constitucional, declara la nulidad de la sentencia a favor de las víctimas, y se ordena la reposición de la causa a la fase de citación de la parte demandada. El 22 de noviembre de 2016 es dictada la sentencia N° 01275, declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por responsabilidad por daño moral contra el IVSS. Y tras 12 años de juicio y con una sentencia a favor de las víctimas, el IVSS continuó sin cumplir.

En febrero de 2017 PROVEA dirige comunicación al Presidente del IVSS, para que cumpliera con la Sentencia; y a falta de respuesta en marzo de 2017 se da inicio a una campaña de medios, solicitando al IVSS que cumpliera con su obligación. Siendo el 20 de marzo que el IVSS emite comunicado por twitter, a través de @ivssoficial, manifestando la voluntad de “honrar y cumplir con las obligación del pago de los montos indicados así como de brindar atención y asistencia médica prioritaria a los padecimientos que se encuentren vinculados (…) con el accidente”. El IVSS ha cumplido parcialmente con estos compromisos, pues si bien ha cancelado las indemnizaciones a los afectados, no se está garantizando la atención médica y el acceso a los tratamientos para las afecciones producto del accidente. Además, no se están tomando las previsiones en el conjunto de centros hospitalarios para tomar las medidas  que eviten este tipo de incidentes y aumentar la seguridad tanto de los pacientes como de los trabajadores.

El caso “La Ovallera” como se le bautizó, es un ejemplo de violación de los Derechos Humanos y retardo procesal en Venezuela. Además evidencia la actuación del IVSS, que se puede catalogar como de inhumana, contraria al espíritu de justicia que deben garantizar todas las instituciones del Estado.

Si bien Carlos Rotondaro no era presidente del Seguro Social en el momento que ocurre el accidente, a partir del año 2007 fue nombrado presidente del IVSS, cargo que abandona en el año 2009 para asumir el de ministro de salud por un año, para volver a la dirección del Seguro Social, período en el que ocurre el proceso judicial. Ante la negativa de asumir la responsabilidad, los afectados tuvieron que esperar 24 años para comenzar a obtener justicia, agravándose su salud y, en algunos casos, falleciendo debido a su edad.

Derecho a la Justicia
Derecho a la Salud

FICHAS: :2ver todas

Personajes del Muro

PROVEA

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos