Un muro digital de violadores de DDHH en Venezuela

Antalya Virginia Díaz

C.I: 18.693.003

CARGO: Periodista Ciudad CCS

CASO:
Criminalización contra Defensores DDHH

En un reportaje publicado el 01/04/17 en el diario estatal Ciudad CCC, la periodista Antalya Díaz criminaliza el trabajo de defensa de derechos humanos realizado por Provea, afirmando: “La ONG mantiene una campaña de mentiras y desinformación contra las acciones del Gobierno Bolivariano que busca mantener la paz del país”.

En la línea de criminalización de la cooperación internacional que hace posible el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, la reportera expresa las siguientes afirmaciones:

  • “Desde los comienzos de la Revolución Bolivariana se ha tornado en un brazo del Departamento de Estado de Estados Unidos, uno de sus principales financistas”.
  • A pesar de que dicen funcionar como representantes de la “sociedad civil”, en “defensa de los derechos ciudadanos”, no son más que instrumentos de la política exterior estadounidense.
  • Se hacen llamar independientes pero su línea discursiva calca los lineamientos de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
  • Uzcátegui asistió al coloquio -audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- sin presentar argumentos sólidos, por lo que el viceministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Hildemaro Villarroel, en representación de la Revolución, le desmotó sus intenciones intervencionistas”.

En su línea argumental la periodista cita el llamado “Decreto Obama”, indicando que como consecuencia de esta decisión del gobierno de Estados Unidos Provea había publicado “un informe que buscaba calificar al Gobierno Bolivariano como represor, sanear la actuación delincuencial de Lepoldo López, responsable de 43 muertes en 2014 y proyectar internacionalmente el liderazgo de la “sociedad civil”. No obstante, la periodista omitió que Provea, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, se había pronunciado públicamente en contra de esta decisión ejecutiva violatoria del derecho al debido proceso. Hay que resaltar que el trabajo de la periodista no incluye declaraciones de miembros de Provea sobre estas acusaciones.

Al promover información que desnaturaliza el trabajo en defensa de los DDHH, esta periodista vulnera lo establecido en el artículo 58 de la CRBV: “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes”.

El trabajo de los defensores de DDHH se encuentra amparado por el artículo 132 de la CRBV: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

Los pactos y acuerdos internacionales que defienden el trabajo en defensa de los DDHH tienen rango constitucional:

Artículo 19: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.

Artículo 22: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

Asimismo, se vulneran las garantías presentes en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos“, conocida como “Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos”.  Los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración contienen disposiciones específicas para la protección de los defensores de los derechos humanos, en particular el derecho:

  • A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional;
  • A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con otros;
  • A formar asociaciones y ONG;
  • A reunirse o manifestarse pacíficamente;
  • A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos;
  • A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación;
  • A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos;
  • A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se examinen esas denuncias;
  • A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia pertinentes para defender los derechos humanos;
  • A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;
  • A dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y a comunicarse sin trabas con ellas;
  • A disponer de recursos eficaces;
  • A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos;
  • A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos;
  • A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos (incluida la recepción de fondos del extranjero).

La realización de este tipo de reportajes, en el ambiente de confrontación en el que apareció (abril de 2017), podía generar condiciones para violaciones al derecho a la integridad de los miembros de Provea, por parte de funcionarios policiales y militares, así como militantes del oficialismo. Este tipo de campañas a través del Sistema Nacional de Medios Públicos motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobara medidas cautelares de protección, en octubre 2015, a 4 miembros de Provea, incluyendo a Rafael Uzcátegui.

Violación a la Constitución

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PROVEA

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